sábado, 27 de septiembre de 2008

Ley Provincial de Educación 13.688

Asignatura: Perspectiva Sociopolítica
Alumnas: Mengoni Verónica
Pisitelli Fiorella
Romero Natalia

Fundamentación
La Ley Provincial de Educación tiene como objetivo según su fundamentación construir una política educativa signada por la democracia pedagógica de un Estado constitucional. Como en otras históricas ocasiones, la provincia de Buenos Aires ha aportado su experiencia a políticas educativas nacionales, por lo que ahora cuenta con esta Ley de Educación Provincial que se adecua a la Ley de Educación Nacional y a las reformas que están en pleno desarrollo en su sistema educativo.
Considerando que este cuerpo normativo debe prever su vigencia por lo menos para la próxima década, y que sus efectos tendrán incidencia en el largo plazo, no puede limitarse a regular el funcionamiento escolar sino que debe dejar abiertas posibilidades de transformaciones estratégicas, enmarcando claramente los alcances y limitaciones filosóficas, político educativas, éticas y culturales de la educación en la provincia de Buenos Aires.
La Ley debe admitir que el sistema educativo responda a las interpelaciones de los tiempos que vendrán, con la garantía de que los cambios necesarios se harán teniendo en cuenta los siguientes principios:
El carácter de derecho personal, bien social y bien público de la educación y el conocimiento;
La responsabilidad pública de educar a las nuevas generaciones y al conjunto de la sociedad;
La indelegable responsabilidad del Estado de sostener política, financiera y pedagógicamente el sistema de educación pública, y garantizar que la educación que se realice por diversos medios privados cumpla con los principios de esta Ley;
La condición de sujetos de derecho de los niños y adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores;
Los principios de respeto a los derechos humanos y de no discriminación por condición u origen social, de género o étnica, ni por nacionalidad ni orientación cultural, sexual, religiosa o contexto de hábitat, condición física, intelectual o lingüística;
La imprescindible vinculación entre el sujeto social y la protección del ambiente;
La libertad de enseñar y aprender, en el marco de los principios anteriores;
El derecho al acceso, permanencia y graduación en todos los Niveles, Modalidades y programas educativos por parte de todos los habitantes de la Provincia, y de aquellos que accedan desde fuera por medio de nuevas opciones tecnológicas;
La posibilidad de continuidad de los estudios, sin que existan circuitos terminales, garantizando el tránsito vertical y horizontal por el sistema de educación escolarizado, al cumplir con los requisitos que se fijen para la aprobación de cada segmento formativo, al mismo tiempo que estableciendo estrategias de reconocimiento de los saberes adquiridos en otras prácticas no escolarizadas;
La calidad de la educación entendida como el cumplimiento de los anteriores enunciados y de la transmisión de los principios científicos y tecnológicos y de lenguajes que presiden la producción cultural en el más alto nivel contemporáneo; y el acceso irrestricto a la información pública en tanto derecho consagrado constitucionalmente, inalienable y necesario para el libre ejercicio de la ciudadanía, la transmisión social de la cultura y el cumplimiento de los principios anteriores.
la imprescindible vinculación entre Educación, Ciencia, Tecnología, Desarrollo e Innovación Productiva, propendiendo a su integración normativa y a la articulación orgánica tanto a nivel de los contenidos curriculares como de los planes y programas que desarrollen las distintas dependencias y organismos del Estado y de la Sociedad Civil.
Antecedentes legales
Durante el gobierno de Sarmiento se sancionaron leyes en la Provincia de Buenos Aires siendo antecedentes de la Ley Nacional 1420.
Durante el Siglo XX se sucedieron en la Provincia reformas de distinto signo político.
Durante el gobierno de mercante se destacan leyes como la de descentralización de la inspección General de enseñanza , el Estatuto del Docente Provincial. La creación de institutos superiores de Pedagogía, la puesta en marcha de la educación inicial por la Ley 5096/46.
La dictadura de la llamada Revolución Libertadora derogó las principales leyes sancionadas durante el período peronista.
Le legislación fue destruida por el gobierno de facto de la Dictadura durante el autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional", en el marco de la eliminación de los derechos humanos y de las libertades y derechos educativos y culturales.
Ya en democracia se convoca al Congreso Pedagógico Nacional y se sanciona el estatuto de Docente.
Durante el gobierno de Eduardo A. Duhalde se dictó la Ley de educación provincial 11.612/95, actualmente vigente. Siguiendo los lineamientos de la Ley de Transferencia (24.089/91) y la Ley Federal de Educación (24.195/93), ambas de orden nacional, extendió la educación básica a 9 años, estableció la obligatoriedad desde el nivel preescolar llevándola a 10 años, seguida de un nivel polimodal no obligatorio de tres años, que debía combinar la formación general con orientaciones laborales, en las cuales quedaba subsumida la educación técnica. La educación de los adultos, de las personas con capacidades especiales, de educación física y artística salió del tronco central del sistema para integrar regímenes especiales.
Principales considerandos.
El consenso de los bonaerenses es pensar desde la Provincia en la Nación, a la Provincia articulada a la Nación y al Sistema Educativo Provincial como parte integrante de un único Sistema Educativo Nacional. Imaginar un federalismo educativo que dé relevancia a la identidad local, municipal, regional, sin perder los lazos que unen la parte con el todo, porque necesitamos sumarnos, aumentar la masa crítica de aprendizajes, enseñanzas y conocimientos. Así como elaborar vínculos legítimos, legales y fluidos entre los procesos educativos que transcurren en las distintas jurisdicciones.
Esta Ley ratifica que el Gobierno Provincial es quien planifica y conduce al sistema educativo en todos sus aspectos. Los Municipios que sostienen instituciones educativas lo hacen como parte de la gestión estatal de manera complementaria y no supletoria de la responsabilidad del Gobierno Provincial.
La tendencia más fuerte de la población escolar de los sectores populares de la provincia de Buenos Aires es el ausentismo no deseado, prolongado o esporádico así como formas diversas de desconexión con el aprendizaje, dentro y fuera del aula, que desembocan en el fracaso escolar y en muchos casos en el abandono.
Pero debe tenerse en cuenta también la tendencia al reingreso: las tentativas de reingreso, frecuentemente con sobreedad, o a Modalidades -como la Permanente de Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores y Formación Profesional- que ofrecen formas de organización académica más flexibles, que deben vincularse al resto de los Niveles y Modalidades. Los alumnos que han perdido tramos de su escolaridad deben ser reintegrados a la educación común mediante programas de apoyo. Pero los aportes especiales que requieran los chicos con ausentismo, o bien los alumnos con características diferentes de tipo personal, social o cultural, se impartirán como respuesta a un derecho que se agrega a su carácter de sujetos de la educación común. El sistema educativo deberá proporcionar los elementos técnicos, financieros e institucionales necesarios, como parte de la política global de inclusión y las instituciones deberán adecuar sus estrategias para integrar a los excluidos, para garantizar el ingreso, permanencia y graduación en todos los Niveles y Modalidades del sistema educativo, de acuerdo a las posibilidades y necesidades de cada uno.
Esta Ley subraya que la preparación básica para el trabajo debe estar ligada a la formación del ciudadano, otorgándole las condiciones para continuar aprendiendo de manera que el trabajador posea saberes socialmente prdoductivos que le permitan adaptarse a las cambiantes condiciones tecnológicas y laborales, que cuente con los fundamentos necesarios para su permanente perfeccionamiento y la vincule a una concepción de protección y preservación de la base natural de toda esta actividad sin las cuales deviene insustentable.
La Educación Técnico-Profesional y la Educación Permanente de Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores y Formación Profesional se incluyen como Modalidades de la presente Ley, evitando que existan circuitos de distinta calificación social destinados a sectores sociales diferentes y manteniendo estas Modalidades educativas bajo la órbita excluyente de la planificación educativa provincial y nacional.
Esta Ley se fundamenta en la necesidad y posibilidad político-educativa y pedagógica de concebir positivamente a los jóvenes y adolescentes como sujetos de derecho, y estimar el valor pedagógico y ético del trabajo como significantes fundamentales de la matriz educativa La enseñanza secundaria, cuya obligatoriedad y universalidad han sido consagradas por la Ley de Educación Nacional, debe formar a los sujetos con estos objetivos: el ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía, de acceso a una educación superior y participación mediante el trabajo en el mundo productivo.
Desde los primeros años la escuela secundaria deberá dar lugar a las expresiones culturales juveniles contemporáneas, los nuevos lenguajes, las estéticas de la época, los procesos actuales de la comunicación, los procesos productivos, para lograr que los sujetos que ingresan acepten el lugar de alumnos, inscriban sus intereses en la institución y valoren el tiempo de sus vidas dedicado al aprendizaje.
La educación de un Estado democrático debe apoyarse en una concepción de la administración capaz de gestionar el sistema escolar con estrategias que garanticen a la vez la eficiencia, el control de la gestión y la consolidación de los puestos de trabajo de todo el personal.

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES PRINCIPIOS, DERECHOS Y GARANTÍAS
Regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender en el territorio de la provincia de Buenos Aires, conforme a los principios establecidos en la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella, en la Constitución Provincial y en la Ley de Educación Nacional.
La educación y el conocimiento son bienes públicos y constituyen derechos personales y sociales, garantizados por el Estado. La educación es una prioridad provincial y constituye una política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional. Debe brindar las oportunidades para el desarrollo y fortalecimiento de la formación integral de las personas y la promoción de la capacidad de cada alumno de definir su proyecto de vida, basado en los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad natural y cultural. La Provincia, tiene la responsabilidad principal de proveer, garantizar y supervisar una educación integral, inclusiva, permanente y de calidad para todos sus habitantes, garantizando la igualdad, gratuidad y la justicia social en el ejercicio de este derecho, con la participación del conjunto de la comunidad educativa.
La Provincia debe garantizar el derecho social a la educación. Son responsables de las acciones educativas el Estado Nacional y el Estado Provincial, ejecutando acciones educativas de manera complementaria y no supletoria de la educación pública, los municipios.

Titulo II. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL
El Estado Provincial financia y, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, planifica, organiza y supervisa el Sistema Educativo, garantizando el acceso a la educación en todos sus Ámbitos, Niveles y Modalidades, mediante la creación, regulación, financiamiento y administración de los establecimientos
educativos de gestión estatal, y la regulación, supervisión y contralor de los establecimientos educativos de gestión privada con o sin aporte estatal.
El Sistema Educativo Provincial es el conjunto organizado de instituciones y acciones educativas reguladas por el Estado que posibilitan la educación.
Las actividades pedagógicas realizadas en los establecimientos de todos los Niveles y Modalidades estarán a cargo de personal docente titulado, conforme lo establece la normativa vigente.
La educación es obligatoria en todo el territorio provincial desde la edad de cuatro (4) años del Nivel de Educación Inicial, todo el Nivel de Educación Primaria y hasta la finalización del Nivel de Educación Secundario inclusive. La Provincia garantiza el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de instancias y condiciones institucionales, materiales, pedagógicas y de promoción de derechos, en todos los Ámbitos definidos en el artículo 21º de esta Ley, mediante acciones que aseguren educación de igual calidad y en todas las situaciones sociales.
La Dirección General de Cultura y Educación reconoce a las instituciones existentes en el Sistema Educativo Provincial que responden a formas particulares de organización diferenciadas de la propuesta curricular acreditable de cada Nivel y responden jerárquicamente al Nivel o la Modalidad correspondiente, como los Centros de Educación Complementaria, los Centros de Educación Física, Centros de Atención Temprana del Desarrollo Infantil, Centros de Formación Laboral, Centros Educativos para la Producción Total, Escuelas de Arte, Escuelas de Estética, Escuelas de Danzas Clásicas y Danzas Tradicionales, Escuelas de Bellas Artes, Centros de Producción y Educación Artística-Cultural, Escuelas de Artes Visuales, entre otros.
Son Niveles del Sistema Educativo Provincial:
Educación Inicial: Organizado como unidad pedagógica y constituido por Jardines Maternales, para niños desde los cuarenta y cinco (45) días a dos (2) años de edad inclusive; y Jardines de Infantes, para niños de tres (3) a cinco (5) años de edad inclusive, siendo los dos últimos años obligatorios.
Educación Primaria: Obligatorio, de seis años de duración, para niños a partir de los seis (6) años de edad, organizado como una unidad pedagógica.
Educación Secundaria: Obligatorio, de seis años de duración, organizado como una unidad pedagógica. Podrán ingresar quienes hubieren cumplido el Nivel de Educación Primaria. En el caso del Nivel Secundario de la Educación Permanente para Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores y Formación Profesional, tendrá una
duración y un desarrollo curricular equivalente a todo el Nivel.
Educación Superior: Podrán ingresar quienes hubieren cumplido con el Nivel Secundario o demuestren poseer aptitudes y conocimientos equivalentes bajo la normativa que esta misma Ley dispone. Se cumple en institutos superiores, en la Universidad Pedagógica, la Universidad Provincial del Sudoeste y las Universidades que se creen a tal efecto. Está prioritariamente orientado a la formación de docentes y profesionales necesarios para el sistema educativo y de otras áreas del saber, otorga títulos profesionales y está articulado con el Sistema Universitario Nacional y todas las demás instancias nacionales y jurisdiccionales que refieran a los fines y objetivos de este Nivel.
Psicología Comunitaria y Pedagogía Social es la modalidad con un abordaje especializado de operaciones comunitarias dentro del espacio escolar, fortalecedoras de los vínculos que humanizan la enseñanza y el aprendizaje; promueven y protegen el desarrollo de lo educativo como capacidad estructurante del sujeto y de la comunidad educativa en su conjunto, respetando la identidad de ambas dimensiones desde el principio de igualdad de oportunidades que articulen con la Educación común y que la complementen, enriqueciéndola.
La Educación Intercultural es la modalidad responsable de impulsar una perspectiva pedagógica intercultural en articulación con la Educación común, complementándola, enriqueciéndola, resaltando y destacando aquellos derechos, contenidos y prácticas que distinguen los procesos interculturales, las diferentes situaciones sociales y repertorios culturales como atributos positivos de nuestra sociedad, así como las relaciones que se establecen entre ellos, tanto temporal como permanentemente.
La Educación Ambiental es la modalidad de todos los Niveles educativos responsable de aportar propuestas curriculares específicas que articulen con la Educación común y que la complementen, enriqueciéndola, resaltando y destacando aquellos derechos, contenidos y prácticas acerca y en el ambiente, entendido como la resultante de interacciones entre sistemas ecológicos, socioeconómicos y culturales, es decir el conjunto de procesos e interrelaciones de la relación entre la sociedad y la naturaleza, los conflictos y problemas socioambientales, sólo resolubles mediante enfoques complejos y métodos de análisis multidisciplinarios, privilegiando el carácter transversal que el conocimiento debe construir.
Los ámbitos de desarrollo de la educación son las tramas del espacio público de base física o virtual en las que se articulan trayectorias educativas de todos los Niveles y Modalidades a través de diferentes vinculaciones entre sujetos situados, dispositivos institucionales, recursos culturales y ambientes. Los ámbitos de desarrollo de la educación combinan simultáneamente la atención y el reconocimiento particular a los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores en sus contextos ambientales de pertenencia junto con el cumplimiento de la escolaridad obligatoria o formación específica.
Son ámbitos de desarrollo de la Educación los Urbanos, los Rurales continentales y de Islas, los Contextos de Encierro, los Domiciliarios, los Hospitalarios y los Virtuales.

Titulo III. ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA Y GOBIERNO ESCOLAR
la Dirección General de Cultura y Educación tiene autarquía (autosuficiencia jurídica y económicas de las instituciones del Estado) técnica, administrativa y financiera con capacidad para actuar dentro del derecho privado y publico.
El Sistema Educativo Provincial se organiza sobre la base de Regiones educativas, concebidas como la instancia de conducción, planeamiento y administración de la política educativa. Cada Región Educativa comprende a uno o más de un distrito conforme a los componentes comunes que los agrupen y que son determinados por la propia Dirección General de Cultura y Educación.
La institución educativa es la unidad pedagógica del sistema, responsable de los procesos de enseñanza y de aprendizaje destinados al logro de los objetivos establecidos por esta ley. Para ello, articula la participación de las distintas personas que constituyen la comunidad educativa: directivos, docentes, padres, madres y/o tutores, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, ex alumnos, personal administrativo y auxiliar de la docencia, profesionales de los equipos de apoyo que garantizan el carácter integral de la educación, miembros integrantes de las cooperadoras escolares y otras organizaciones vinculadas a la institución.
La Provincia de Buenos Aires reconoce un único sistema de educación pública, existiendo en su interior dos modos de gestión de las instituciones educativas que lo componen: educación de gestión estatal y educación de gestión privada.
El Director General de Cultura y Educación debe reunir los requisitos exigidos para ser Senador. Es designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, dura cuatro (4) años en su mandato, puede ser reelecto y debe ser idóneo para la gestión educativa. El ejercicio del cargo es incompatible con el de toda otra función pública, con excepción del desempeño en la docencia universitaria.
El Subsecretario de Educación diseña las estrategias de aplicación de la política educativa en las regiones educativas, define los aspectos pedagógicos y didácticos con las Direcciones de Nivel y Modalidad.
La inspección es la función de supervisión del sistema educativo que se desarrolla a través del trabajo de los inspectores Jefes Regionales de Gestión Estatal y de Gestión Privada, Distritales, de Infraestructura, los Presumariantes, los Inspectores de Enseñanza y los Secretarios de Asuntos Docentes distritales.
Los Inspectores Jefes Regionales son los responsables de articular y planificar las estrategias y líneas de intervención en función del desarrollo regional de la política educativa de la Provincia.
El inspector de enseñanza tiene la tarea de desarrollar en el marco de la estructura Distrital y Regional determinada por la normativa específica, sobre la base del trabajo colegiado, las decisiones por consenso, la organización por redes temáticas y la construcción de una agenda de trabajo precisa y en el marco de los principios emanados de esta Ley.

TÍTULO IV DE LOS DERECHOS, RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE
LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

Todos los alumnos tienen los mismos derechos, obligaciones y/o responsabilidades, con las distinciones derivadas de su edad, del Nivel educativo o Modalidad que estén cursando y/o de las que se establezcan por leyes especiales.
Son sus derechos:
Una educación integral e igualitaria, que contribuya al desarrollo de su personalidad, posibilite la adquisición de conocimientos, habilidades y sentido de responsabilidad y solidaridad sociales y que garantice igualdad de oportunidades y posibilidades.
Ingresar, permanecer y egresar de todas las propuestas educativas públicas.
Ser protegidos contra toda agresión o abuso físico, psicológico o moral.
Ser evaluados en su desempeño y logros, conforme a criterios rigurosa y científicamente fundados, en todos los Niveles, Modalidades, ámbitos y orientaciones del sistema, e informados al respecto.
Recibir el apoyo social, cultural y pedagógico necesario para garantizar la igualdad de oportunidades y posibilidades que le permitan completar la educación obligatoria. Asimismo podrán solicitar el apoyo económico necesario para garantizar su derecho a la educación.
Tener acceso a la información pública de modo libre y gratuito.
Recibir orientación vocacional, académica y profesional-ocupacional que posibilite su inserción en el mundo laboral y la prosecución de otros estudios.
Integrar asociaciones, cooperativas, clubes infantiles y centros de estudiantes u otras organizaciones comunitarias para participar en el funcionamiento de las instituciones educativas.
Participar en la formulación de proyectos y en la elección de espacios curriculares
complementarios que propendan a desarrollar mayores grados de responsabilidad
y autonomía en su proceso de aprendizaje.
Desarrollar sus aprendizajes en edificios, instalaciones y con equipamiento que respondan a normas legales de seguridad y salubridad.
Ser incluidos en el mismo turno horario que sus padres y/o hijos, sea cual sea el Nivel que cada uno se encuentre transitando, cuando se trate de hijos estudiantes de madres y padres estudiantes o viceversa.

Son sus obligaciones y/o responsabilidades:
Concurrir a la escuela hasta completar la educación obligatoria.
Estudiar y esforzarse por conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades y posibilidades.
Asistir a clase regularmente y con puntualidad.
Participar en todas las actividades formativas y complementarias.
Respetar la libertad de conciencia, las convicciones y la dignidad, la autoridad
legítima, la integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.
Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima de estudio en la institución.
Respetar el proyecto institucional de la Escuela y cumplir las normas de organización, convivencia y disciplina del establecimiento escolar.
Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones, equipamiento y materiales didácticos del establecimiento educativo.

Los padres, madres o tutores de los alumnos tienen las siguientes obligaciones:
Hacer cumplir a sus hijos o representados la educación obligatoria.
Asegurar la concurrencia de sus hijos o representados a los establecimientos escolares para el cumplimiento de la escolaridad obligatoria, salvo excepciones de salud o de orden legal que les impidan su asistencia periódica a la escuela.
El personal técnico-administrativo, profesional, auxiliar y de servicio tiene como misión principal contribuir a asegurar el funcionamiento del Sistema Educativo y de las instituciones educativas, conforme al régimen de derechos y obligaciones que establece la normativa específica.
Los docentes de todo el sistema educativo tienen los siguientes derechos, sin perjuicio de los establecidos en la Ley provincial 10579 (T.O):
Al desarrollo de sus carreras profesionales y al ejercicio de la docencia sobre la base de la libertad de cátedra y la libertad de enseñanza, en el marco de los principios establecidos por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, lo establecido para la relación de empleo estatal y privado y la presente ley. A la capacitación estatal gratuita, permanente a lo largo de toda la carrera, en servicio y con puntaje.
Al acceso a los cargos por concurso de antecedentes y oposición, conforme a lo establecido en la legislación vigente para la educación pública de gestión estatal.
A la participación en la elaboración e implementación de los proyectos institucionales.
A acceder a la información pública de modo libre y gratuito.
A la estabilidad en el cargo titular en tanto su desempeño sea satisfactorio, de conformidad con la normativa vigente para la relación de empleo público y privado y la presente ley.
A la libre asociación y al respeto integral de todos sus derechos como ciudadanos.
A participar en la actividad gremial.
A la negociación colectiva paritaria.
A los beneficios de la seguridad social, jubilación, seguros y obra social.
A un salario digno.
A participar en el gobierno de la educación.
A participar en el gobierno de la institución a la que pertenecen, de acuerdo a las normas legales pertinentes;
Al acceso a programas de salud laboral y prevención de las enfermedades profesionales.
Al desarrollo de sus tareas en condiciones adecuadas de seguridad e higiene de acuerdo a la normativa provincial y nacional vigente.
A la participación en los procesos de diseño curricular.
Los docentes de todo el sistema educativo tienen las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las establecidas en la Ley provincial 10579 (T.O):
A respetar y hacer respetar los principios constitucionales, la libertad de conciencia, la dignidad, la integridad e intimidad, entre otros; los de la presente ley, la normativa institucional y la que regula la tarea docente.
A enseñar saberes y promover valores que aseguren la totalidad de los derechos educativos de los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores reafirmando los preceptos constitucionales.
A cumplir con los lineamientos de la política educativa provincial.
A capacitarse y actualizarse en forma permanente.
A ejercer su trabajo de manera idónea y responsable.
A proteger, promover y reconocer el conocimiento y ejercicio de los derechos de los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores que se encuentren bajo su responsabilidad, en concordancia con lo dispuesto en las leyes vigentes en la materia.
No podrá incorporarse a, ni ejercer, la carrera docente quien haya sido condenado o procesado por delito de lesa humanidad, o haya incurrido en actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático.
El Consejo General de Cultura y Educación se integra con el Director General de Cultura y Educación en su carácter de Presidente nato del mismo y diez (10) Consejeros designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Diputados, con las incompatibilidades expresadas en la normativa vigente y las condiciones requeridas para ser Diputado.
La Dirección General de Cultura y Educación dispondrá de un organismo específico de Información y Planeamiento Educativo que tiene como responsabilidad fundamental la planificación, el relevamiento y el análisis de la información estadística, bibliográfica y normativa, el planeamiento estratégico y prospectivo, la producción de contenidos y materiales educativos, la investigación y la evaluación educativa, el análisis y la construcción de propuestas de implementación de las políticas estructurales referidas a la información, la comunicación, las alternativas de innovación y experimentación pedagógicas y los planes de desarrollo educativos provincial y nacional, en el corto, mediano y largo plazo, así como articular las propuestas de transformación curricular con los organismos específicos de su determinación.
La Dirección General de Cultura y Educación en articulación con otros organismos provinciales específicos, como el Ministerio de Desarrollo Humano, Salud, Trabajo, Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos y otros, diseñará y desarrollará políticas de inclusión y promoción de la igualdad educativa, destinadas a modificar situaciones de desigualdad, exclusión, estigmatización educativa y social y otras formas de discriminación que vulneran el derecho a la educación de niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores.
Las políticas de promoción de la igualdad educativa deberán asegurar las condiciones necesarias para la inclusión, el reconocimiento, la integración y la acreditación del tránsito educativo de todos los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores en todos los Niveles y Modalidades, principalmente los obligatorios. A tal efecto, La Dirección General de Cultura y Educación, impulsará políticas concurrentes al logro de estos objetivos, las que comprenderán la provisión de textos escolares, recursos pedagógicos, culturales, materiales, tecnológicos y de apoyo económico a los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, familias y escuelas que se encuentren en situación socioeconómica desfavorable.
La Dirección General de Cultura y Educación tendrá a su cargo la Administración de la infraestructura escolar a través de un organismo técnico administrativo específico a fin de garantizar la construcción y habitabilidad de los espacios necesarios para el desarrollo de la enseñanza. Para el cumplimiento de sus incumbencias, este organismo implementará un sistema de supervisión de la infraestructura escolar en el territorio, designando para ello inspectores de infraestructura regionales, los que aseguran la colaboración, participación y articulación con las funciones específicas que tienen los Consejos Escolares en cada Distrito.
Es función de la Dirección General de Cultura y Educación garantizar un hábitat adecuado en los espacios destinados a la enseñanza teniendo en cuenta necesidades y características socioculturales y ambientales de la comunidad.
El sistema educativo de la Provincia de Buenos Aires reconoce y propicia el valor del trabajo socialmente productivo en articulación con la cultura escolar, las prácticas educativas, los procesos de enseñanza y de aprendizaje y la integración social, en todos los Niveles y Modalidades. La incorporación del trabajo a las propuestas educativas tenderá a la formación de los alumnos como sujetos activos capaces de generar proyectos productivos, así como emprendimientos individuales y comunitarios que habiliten su autonomía económica y su participación como ciudadanos en el desarrollo provincial y nacional.
La Dirección General de Cultura y Educación, a través de sus áreas específicas, asegurará que las propuestas curriculares preparen efectivamente para el trabajo y para la formación de ciudadanía. La adquisición de saberes socialmente productivos otorgará a los alumnos las condiciones para continuar aprendiendo a lo largo de su vida, adaptándose a las cambiantes condiciones tecnológicas y productivas, en el marco de una concepción de protección y preservación del ambiente.

El COPRET es el Consejo Asesor de la Dirección General de Cultura y Educación cuya finalidad es articular el desarrollo de estrategias, programas y acuerdos entre el sistema educativo provincial, en sus distintos Niveles y Modalidades, y los sectores vinculados al desarrollo de la producción y el trabajo, tanto públicos como privados.
La Agencia de Acreditación de Competencias Laborales es el organismo responsable de llevar adelante y coordinar las políticas de certificación y acreditación de saberes adquiridos por los trabajadores en circuitos formales o no formales de sus trayectorias laborales y educativas.
La administración de los establecimientos educativos, en el ámbito de competencia territorial distrital, con exclusión de los aspectos técnico-pedagógicos, estará a cargo de órganos desconcentrados de la Dirección General de Cultura y Educación denominados Consejos Escolares, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 203 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Estarán integrados por ciudadanos mayores de edad y vecinos del distrito con no menos de dos años de domicilio inmediato anterior a la elección, que serán elegidos por el voto popular.
Los consejos escolares
La administración de los establecimientos educativos, en el ámbito de competencia territorial, distrital, con exclusión de los aspectos técnico-pedagógicos, estará a cargo de órganos desconcentrados de la dirección general de cultura y educación denominados consejos escolares.

Titulo VI El financiamiento y patrimonio de la educación
El sistema educativo es financiado por la provincia de acuerdo a los lineamientos y metas establecidos en la ley nacional de financiamiento educativo y sus reglamentaciones, destinando a educación aquellos aportes provenientes de la recaudación impositiva, las herencias y legados, los fondos provenientes del estado nacional y todo otro recurso que contribuya a proveer, garantizar y supervisar la educación.
Los recursos y gastos serán determinados por la ley de presupuesto anual y las leyes especiales que se incorporan a tales efectos.


Titulo VII El Cumplimiento de los objetivos de la Ley
La enseñanza de al menos un idioma extranjero será obligatoria en todas las escuelas de nivel primario y secundario de la provincia. La dirección General de cultura y educación, en su carácter de autoridad de aplicación de esta ley establecerá: el calendario, la planificación de los programas, actividades y acciones que serán desarrolladas como también la definición e implementación de procedimientos de auditoria eficientes que garanticen la utilización de los recursos destinados a educación en la forma prevista.

1 comentario:

Liliana dijo...

Felicitaciones a Verónica, Fiorella y Natalia por la nutrida síntesis acerca de la ley provincial de Educación, fundamentalmente en lo que respecta a la formación ciudadana. Esperamos los aportes de los demás grupos y nos seguimos leyendo