lunes, 3 de octubre de 2011

CIENTO DIEZ AÑOS DE HISTORIA DEL SISTEMA EDUCATIVO ARGENTINO




Aspectos de la educación en los últimos años de la dictadura, la vuelta de la democracia con el Radicalismo




La FUA se reorganizo en 1980, cuando aun proseguían las persecuciones a estudiantes, y denuncio que solo el 35% de los estudiantes ingresarían a la universidad, e hizo político que el presupuesto educacional argentino era el mas bajo en historia, también expuso las acciones del gobierno que tendían a desmantelar el sistema de educación publica. En agosto, la FUA, llamo al pueblo y a sus organizaciones a movilizarse contra el arancelamiento y por la gratuidad de la enseñanza en todos los niveles, por el establecimiento de las garantías constitucionales, la democracia, la soberanía y la independencia nacional. No se levantan para denunciar el terrorismo de Estado, pero si subrayan las reivindicaciones sectoriales.



La Comisión Permanente de la Educación (COPEDE), EL Congreso Nacional de Educación, el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) promovieron actividades de educación popular en un marco de semiilegalidad. En 1982, la Multipartidaria (organización que reunía a los partidos políticos) produjo un documento sobre educación, en el cual proponía una combinación entre el rol docente del Estado y la libertad de enseñanza y otorgaba un papel de importancia en la educación a la iglesia, la familia, las Fuerzas Armadas, junto con los partidos políticos las empresas, los sindicatos, las congregaciones religiosas y los agrupamientos intermedios. La idea de una modernización democrático-liberal de la educación ya estaba inscripta en ese texto. Por su parte COPEDE presento su Propuesta de un programa educativo de emergencia para el próximo gobierno constitucional en Enero de 1983.



Dentro de los distintos partidos políticos que se postulaban para las elecciones de 1983, encontramos a la Unión Cívica Radical, donde en su plataforma rechazo la subordinación de la educación a la economía monetaria y propugno porque se le diera un marco de libertada y se la vinculara con las prioridades nacionales. Considero fundamental la democratización del sistema educativo, subrayo el deber del Estado de garantizar la educación publica e hizo referencias tacitas a la necesidad de una ley general de educación. La UCR aclaro que el control de la calidad del sistema realizado por el Estado debería incluir a los establecimientos privados, sin poner en cuestión los subsidios a la enseñanza particular. Proponía priorizar la educación de los analfabetos y de los adultos en general, así como mejorar la calidad de la enseñanza, reestructurar la educación técnica y resolver los problemas asistenciales vinculados con la educación.



El Partido Justicialista, en las discusiones previas a las elecciones de 1983, se enfrentaba una posición que daba prioridad a la vinculación de la educación con la justicia social en un marco de democracia y de defensa de los intereses nacionales, con la de quienes hacían hincapié en las subordinación de la educación a los valores transcendentes, la cultura hispánica y la lucha contra la penetración anti nacional anglosajona. Su plataforma reflejo el débil acuerdo entre ambas posiciones. Junto a una idea espiritualista y trascendentalista, se propuso que el Estado garantizara la obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza, pero sin resolver si tendría un papel hegemónico o subsidiario, dejaba de lado temas de suma importancia y solo se mencionaba la orientación de la educación hacia el trabajo.



La dictadura había dejado un saldo de desnutrición, analfabetismo, deserción escolar, escuelas destruidas, docentes con salarios de hambre y universidades desmanteladas. A los viejos problemas no resueltos de nuestra educación se sumaban ahora otros que volvían a colocar a la Argentina en los niveles de muchas décadas atrás. La lucha entre una educación retrograda, anti popular, anti democrática, y otra que preparara a la niñez y juventud con ideas democráticas, laicas, nacionalistas, latinoamericanistas y comprometidas con la justicia social, marcaria el ritmo de la disputa educacional en los siguientes años.



Cuando la administración alfonsinista, al ganar las elecciones en 1983, elimino las normas represivas, lo que se dio no fue el resurgimiento de las experiencias que habían sido interrumpidas a fines de los ´60 y principios de los ´70, sino la sensación de un gran vacio. La situación educativa en 1983 era mucho más caótica de lo que parecía. Alfonsín convoco al conjunto de fuerzas políticas y sociales para que debatieran el tema de la educación nacional. Elevo al Congreso un proyecto de ley por el cual se conmemoraría el centenario de la Ley 1420 con un Congreso Pedagógico Nacional. La convocatoria conto con el apoyo de varios sectores democráticos de la sociedad, y la iglesia católica participo organizadamente disputando a los sectores laicistas cada espacio. Pese al estado en que la dictadura dejo el sistema educativo argentino, la sociedad se pronuncio en el congreso por una educación democrática.



Las conclusiones actualizaron el marco ideológico liberal laicista y reformista, insistiendo en la participación y la democratización de la educación, a pesar de que no aporto soluciones concretas el Congreso Pedagógico Nacional de 1984 contribuye a la consolidación de una cultura pedagógico democrático.



Fue el gobierno de Raúl Alfonsín quien termino con el control policial a estudiantes y a docentes, con los curricula dictatoriales y con las restricciones al ingreso a la enseñanza media y universidades. También levanto el decreto De la Torre, el mismo que reaparecía cada tanto desde la década del ´30 para prohibir la existencia de centros de estudiantes en los colegios secundarios. El gobierno radical respeto el derecho de huelga de los docentes, restableció la autonomía universitaria, el gobierno de los claustros y la libertad de cátedra, reinstalo el sistema de concursos.



A fines de 1980 se experimentan alternativas innovadoras, la más importante fue la de los consejos de gobierno escolar, constituidos por docentes, padres, alumnos y cooperadora, elegidos por votación directa de sus pares. La ley 4182/88 de la provincia de Buenos Aires instalo Consejos de Escuela durante la gobernación del justicialista Antonio Cafiero. Llegaron a funcionar 1800 consejos, que luego son interrumpidos por la administración del gobernador Duhalde. En la provincia de Rio Negro el gobierno del radical Álvarez Guerrero emprendió el desarrollo de Consejos Institucionales en los establecimientos educativos. El Congreso de la provincia de Santa Fe aprobó la implementación de los Consejos de Escuelas, pero la ley fue vetada por el gobernador del Partido Justicialista Reviglio.



Durante el gobierno de Alfonsín aumento de manera exponencial el ingreso de estudiantes a la educación secundaria y universitaria pública y privada, disminuyendo el ingreso a la educación terciaria. Sin embargo no se realizo ninguna modificación importante del sistema educativo tradicional al cual habíamos regresado, quedaron sin concretarse varios proyectos como el Programa Inicial de Capacitación Docente.



Los sectores conservadores que formaban parte del gobierno dificultaron que éste tuviera una política transformadora del sistema educativo nacional. En segundo lugar el gobierno de Alfonsín no tuvo en cuenta el bajo salario de los docentes, estos se agrupan en el sindicato mayoritario, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, enfrentándose al gobierno con un movimiento que tuvo enorme consenso y culmina con la Marcha Blanca de 1988. En tercer lugar, el enfrentamiento del gobierno con las provincias peronistas, hizo que el primero no entregara los fondos de coparticipación federal, que incluía las partidas para educación. Las provincias peronistas se agrupan en el Consejo Federal de Educación, mediante el cual se realiza una critica permanente a la política educativa del Gobierno Nacional.



Durante el periodo de Alfonsín la sociedad vivió dos procesos políticos de signo contrario que contenían mensajes pedagógicos trascendentes para el presente y el futuro: el juicio a los miembros de las Fuerzas Armadas que participaron de la represión y las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Los juicios fueron la expresión de ética y el humanismo que contiene la cultura Argentina, las leyes que perdonaron el crimen expresaron la debilidad de la voluntad política democrática que, presente durante toda la historia, no pudo ser erradicada por ninguna pedagogía.



El porcentaje de pobres en 1989 aumento en relación a 1980 (del 11% paso al 47%), esto sumado a la hiperinflación, el bajo salario de los docentes, los chicos que iban con hambre a al escuela entre hizo que colapsara y se derrumbara el sistema educativo.





Menem y el Estado Neoliberal




La política educativa menemista se constituyo en un espacio de fluido cumplimiento de las directivas del Banco Mundial (BM), que propugnaba la descentralización de los sistemas escolares, su paulatina transferencia al sector privado, el des financiamiento de la educación pública de nivel medio y superior, la flexibilización de la contratación docente y la aplicación de programas focalizados a los sectores sociales que estaban en situaciones limite desde el punto de vista social y de la seguridad. La educación, que había sido considerada tradicionalmente en la Argentina un bien social, comenzaba a considerarse como un elemento del mercado que debía ser regulado por la ley de la oferta y la demanda.



El primer Ministro de Educación, Antonio Salonia, al no acatar las directivas del BM es sustituido por Jorge Rodríguez. Éste entrego la política educativa nacional a las directivas de equipos externos que no conocían bien la realidad pero poseían información clasificada y fondos internacionales condicionados a la ejecución de las reformas que indicaran. El BM, acompañado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros organismos internacionales, situó entonces en el país a un equipo de técnicos, cuya capacidad de convicción y promesas de financiamiento de propagandas facilitaron el tejido de un vínculo de trabajo que se ha hecho permanente. Los bancos liderados por los EEUU son desde entonces actores internos de la política educativa argentina.



Es necesario remarcar que las medidas tomadas por el menemismo fueron leyes que obtuvieron los votos positivos necesarios de la mayoría de las fuerzas políticas con representación parlamentaria. La continuación de la transferencia de los establecimientos educativos nacionales a las provincias (Ley 24.048/93)- proceso comenzado por la dictadura militar-, la Ley Federal de Educación ( 24.195/94), la reforma constitucional de 1994 y la Ley de Educación Superior (24.521/95) fueron debatidas y gestionadas siguiendo todos los procedimientos legales de tratamiento parlamentario. Las leyes educativas fundamentales no fueron producto de un Congreso Pedagógico.



El articulo 75 inc. 19, de la Constitución Nacional, cuya reforma fue habilitada por el Pacto de Olivos, el nuevo texto agrega la palabra “autarquía”, que funciono como un arma de doble filo porque expreso tanto que las universidades quedaban habilitadas para administrar sus recursos, como que tenían que procurarlos por nuevos medios externos al presupuesto federal. De esta manera, la autonomía, bandera histórica del movimiento estudiantil-docente, quedo profundamente alterada.




Ley Federal de Educación:



Se compone de los derechos, obligaciones y garantías y los principios generales que responden al piso de principios democráticos acordados en el Congreso Pedagógico de 1985. Entre los conceptos que dan marco a la ley federal persiste la preeminencia de la Iglesia Católica sobre otras organizaciones de la sociedad civil. Se incluyen principios tales como: el carácter de bien social de la educación, la responsabilidad principal del Estado, la igualdad de oportunidades, la gratuidad, la garantía de no discriminación y de acceso-permanencia-egreso del sistema educativo de todos los habitantes, le equidad a través de la justa distribución de los servicios educacionales, los derechos culturales de las comunidades aborígenes, entre otros.



La estructura del sistema educativo, cambio cuyos efectos deben analizarse considerando que la transferencia de los establecimientos a las provincias fue previamente hecha sin tener en cuenta que aquéllas estaban económicamente quebradas. La nueva estructura produjo nuevas fragmentaciones en un sistema escolar ya desestructurado, en particular la escuela media, cuya perdida de rumbo y de sentidos llevaba ya varias décadas y donde aumentaba el deterioro de las condiciones de trabajo de los profesores, que corriendo de escuela en escuela llegaban a dar clase a centenares de alumnos en un día. La aplicación de la nueva estructura planteada en la Ley Federal de Educación empeoro esa situación, pues provoco que muchas provincias primarizaran el tercer ciclo (7º, 8º, 9º), con consecuencias lamentables para niños y adolescentes.



En cuanto a la controvertida cuestión del financiamiento de la educación, el art. 61 de la ley obligaba desde entonces al gobierno a “duplicar gradualmente y como mínimo a razón del 20% anual a partir del presupuesto de 1993”, o bien; si resultaba una cifra mayor, “un incremento del 50% en el porcentaje del PBI destinado a educación en 1992”. En otros términos, significaba que en 1996 el Estado argentino debía invertir el 6% de educación, cifra que corresponde a las recomendaciones.






Ley de Educación Superior (24.521/95):



Establece la obligación de Estado de planificar, impartir y financiar educación superior, así como sus atribuciones de aprobación y supervisión de las instituciones privadas del nivel. Organiza un sistema que incluye la educación universitaria y terciaria no universitaria. Se destaca que esta ley asienta principios democráticos y científicos para la educación superior que no figuraban en ninguna anterior y que, en ese sentido, representa una superación destacable de las tradicionales posturas del peronismo referidas a la universidad. Desarrolla el concepto de autonomía universitaria. En una lectura profunda de la ley, esa característica no aparece legada al resguardo de la universidad como espacio estratégico para la producción y transmisión de conocimientos, cuya lógica institucional debe ser distinta de la de los gobiernos, los partidos políticos, las empresas y otros organismos. Debe señalarse que en la ley hay elementos del administrativismo eficientista que facilitan la introducción de las medidas de corte neoliberal que se tomaron posteriormente. Entre ellas, el congelamiento de los salarios del personal, la introducción del sistema de incentivos y la obsesiva sucesión y superposición de evaluaciones de los docentes, con criterios tecnocráticos. Entre las criticas que hace le movimiento estudiantil y docente se destacan que la ley abriría la posibilidad del arancelamiento de la educación publica superior y que no se respeta la paridad de representación en los órganos de gobierno universitario.








BIBLIOGRAFIA




· Adriana Puiggrós, Que paso en la Educación Argentina: Breve Historia Desde La Conquista Hasta el Presente, 1º Ed.- Buenos Aires: Galerna, 2003.



· Ley Nº 1420 De Educación Común en la Capital, Colonias y Territorios Nacionales, 8 de Julio de 1884.



· Andrea Alliaud, Estudios sobre Educación, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 2003.

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